Montse Junyent es responsable del departamento jurídico del Col·legi d’Agents Immobiliaris de Barcelona (COAPI) y presidenta de la Federación de Asociaciones de Empresarios Inmobiliarios (Fadei), una patronal que representa a trece asociaciones y a casi 5.000 empresarios del sector.
Esta semana hablamos con ella para que haga un repaso sobre la incidencia del COAPI en la experiencia del comprador y del vendedor, y analice los próximos retos de nuestro sector.
- Desde que eres asesora legal en el COAPI, ¿cómo has percibido la evolución del colegio y su implicación en el sector?
La evolución ha sido muy positiva, ha sabido acercarse al día a día de sus miembros, ha buscado cómo mejorar su marco legal y ha invertido muchos esfuerzos en su facilitarles formación. La formación es básica para poder defenderse en un mercado tan competitivo como el inmobiliario en el que los cambios legislativos y los ciclos económicos influyen de una forma muy evidente. El Colegio ha sabido leer esa realidad y ha inculcado a sus miembros esa inquietud por el conocimiento y el reciclaje. En definitiva el Colegio se ha implicado a fondo en prestigiar la profesión, en hacerse oír en todos los ámbitos vinculados con su actividad y en visibilizar a sus miembros como profesionales que prestan un servicio integral y útil cuando se trata de comprar o vender una vivienda.
- ¿Podrías recordarnos los puntos básicos de la ley de vivienda según la cual los agentes inmobiliarios tienen la homologación por la Generalitat?
En lo que a los agentes se refiere, la ley del derecho a la vivienda <catalana, es la primera ley del estado que dedica un capítulo para tratar a los agentes inmobiliarios, y asienta su reconocimiento en tres pilares básicos, la exigencia de acceder de forma obligatoria a una registro para ejercer como agente, la tenencia de una solvencia para garantizar el dinero que le puedan entregar en depósito y ante posibles errores profesionales y la exigencia de una determinada formación. La Generalitat tiene el control del registro y la verificación del cumplimiento de los requisitos de acceso.
- ¿Ha sido beneficioso para la profesión, para el mercado y para el ciudadano?
Sin duda, poder tener un conocimiento de los operadores que actúan en el mercado en el que se mueven grandes cantidades de dinero, es una instrumento de transparencia absolutamente necesario y la posibilidad para el ciudadano de tener plenamente identificado al professional y la garantía que le ofrece saber que está formado y es solvente.
- ¿Qué opinas que la homologación oficial se extienda por todo el Estado?
Es lo deseable, que todo el Estado tome nota y el modelo se expanda, lo cierto es que muchas comunidades autónomas ya han incorporado a su legislación normativa parecida y en la misma linea.
- ¿Cuáles son las novedades legales que destacarías en los últimos meses en materia de vivienda?
Es imposible ante tanta legislación estatal y autonómica destacar una norma por encima de otra puesto que todas ellas han tenido una gran incidencia, sin embargo no hay duda que la ley que ha limitado el precio de la vivienda en alquiler ha marcado un antes y un después, y su permanencia en el tiempo afectará de forma significativa, las medidas relacionadas con las moratorias o rebajas en la renta de los locales de negocio también han sido relevantes.
- ¿El Estado y la Generalitat han estado a la altura durante la COVID-19 para apoyar al consumidor y al profesional inmobiliario?
Sinceramente, no. Es evidente que la situación no tiene precedentes y la toma de decisiones no ha dejado margen al debate, pero lo cierto es que el resultado, sin entrar en las medidas sobre la salud, ha sido pobre. La ayudas directas se han dado tarde y muy insuficientes, la precariedad laboral, el cierre de multitud de comercios que no han podido resistir, son una prueba mas que evidente de que no se ha hecho bien las cosas. No hay que ir muy lejos para ver que en otros países han tomado decisiones valientes y han destinado grandes recursos para sostener su economía.
- El mes pasado Sánchez amplió 3 meses la moratoria en alquiler y la suspensión de desahucios. En términos legales, ¿cómo afecta esta situación al arrendatario? ?Y al arrendador?
Es una extensión de lo que ya tenemos, la moratoria para el arrendatario es pan para hoy, hambre para mañana, la resistencia para muchas empresas ha llegado al límite. El arrendatario necesita otro tipo de ayudas que le permitan recuperar su día a día. Y en lo que al arrendador se refiere, es también víctima de la situación, está soportando una carga que no le corresponde.
- España está trabajando también en una nueva ley de vivienda. ¿Nos podrías dar algunas pistas de cómo será? Encaja con la legalidad catalana?
Estaría encantada de poder dar pistes, el hermetismo con el que se está llevando el proyecto por parte del Ministerio, hace muy difícil aventurar nada. La posibilidad de que la Ley aborde, como lo hizo la catalana, la regulación de la actividad de los agentes inmobiliarios está encima de la mesa y hasta el último momento hay que albergar esperanzas de que el gobierno atienda las reivindicaciones sectoriales e incorpore en defensa de un mejor servicio en favor del consumidor, ni que sea de forma muy genérica, medidas que definan la actividad y a los profesionales que la desarrollan
- En efecto, la Generalitat tiene competencias en vivienda. ¿Qué pasa cuando no encaja lo que dice la Administración estatal con las directrices de la Administración comunitaria?
Pues se genera un conflicto competencial y se crea confusión en los afectados. En principio, se suele dar preferencia, a la normativa autonómica puesto que las competencias en materia de vivienda le han sido transferidas, sin embargo si analizamos la situación con cierta perspectiva, nos damos cuenta de quedes de hace varios años se está produciendo una cierta involución legislativa, y esas competencias que corresponden a la autonomía, a través de políticas económicas, cuya competencia es intransferible y le pertenecen con carácter de exclusividad al Estado, se ven invadidas y en consecuencia ejercidas por aquel. Bajo la fórmula de norma de carácter básico, el Estado ejerce indirectamente un contro sobre las competencias transferidas
- ¿Cuáles son los retos que debemos afrontar en los próximos años en vivienda?
Hay muchos deberes por hacer y el primero es que de forma serena y sosegada se aborde el problema de la vivienda. Es evidente que los colectivos vulnerables tienen derecho a una vivienda digna y es evidente también que ese derecho debe ser efectivo y no quedarse en una mera declaración de principios. No hay suficientes viviendas sociales, el parque de vivienda social es escaso y para dar respuesta a la necesidad habitacional de la población mas necesitada, la administración debe hacer los deberes, y tiene que invertir en la construcción de este tipo de viviendas y buscar la complicidad del sector privado, pero para que el sector privado se sienta atraído e implicado, hay que incentivarle con medidas, especialmente de carácter fiscal. Es indispensable que todas las administraciones, estatales, autonómicas y municipales actúen coordinadamente y, si es preciso, conjuntamente, para crear el marco adecuado. Modificaciones asiladas, inconexas, como lo han sido las modificaciones de la ley de arrendamientos urbanos o limitaciones del precio del alquiler en el mercado libre, son medidas populistas, cortoplacistas que no solucionan el problema. Las políticas de vivienda para que sean efectivas necesitan estabilidad y tiempo, de otra forma, solo son parches.
